Demanda colectiva contra Kalshi llega a Kentucky

Kalshi enfrenta una nueva demanda colectiva presentada el 11 de mayo de 2026 en la Corte del Distrito Oeste de Kentucky por Donovan Roberts, residente de Jefferson County. La acción incluye como demandados a Kalshi Inc., KalshiEX LLC, Kalshi Klear Inc., Kalshi Klear LLC, Kalshi Trading LLC, Susquehanna International Group LLP y Susquehanna Government Products LLLP. Es la segunda acción legal en Kentucky tras la presentada en octubre de 2025 por Kentucky Gambling Recovery LLC, caso que fue remitido a corte estatal el 3 de marzo de 2026 y ahora se litiga bajo otra figura procesal.

El demandante invoca la Sección 372.020 de los Kentucky Revised Statutes, el estatuto local de recuperación de pérdidas por juego, que permite a residentes recuperar lo perdido en operaciones consideradas juegos de azar ilegales dentro del estado. La demanda busca certificar una clase estatal que cubra a cualquier residente de Kentucky que haya operado contratos de eventos en Kalshi.com.

Lo que la plataforma denomina prediction market, sostiene el demandante, no es más que la posibilidad de tomar contratos sobre resultados de elecciones, eventos deportivos, condiciones climáticas y otros sucesos futuros, sin estructura tributaria, sin supervisión estatal de juegos y sin las protecciones al consumidor que aplican a la industria del gambling licenciada. Kentucky permite apuestas deportivas dentro de un marco regulatorio acotado y prohíbe el juego no regulado dentro de sus fronteras. El argumento del demandante es que Kalshi, al no someterse a ese marco, opera fuera de la ley local aunque exista registro federal ante la CFTC.

La pelea jurisdiccional entre la CFTC y los reguladores estatales lleva tiempo gestándose en varios frentes simultáneos. Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Michigan, Washington, Wisconsin, Ohio y Arizona ya tienen casos abiertos en distintas etapas, con resultados mixtos. El Tercer Circuito falló a favor de Kalshi sobre Nueva Jersey el 6 de abril, mientras que cortes en Nevada, Maryland y Ohio se inclinaron por los estados. La presentación de Kentucky se suma a esta ola y sigue una línea similar a las acciones que el fondo de litigation finance Veridis Management ha financiado en seis estados durante los últimos meses, aunque en este caso la demanda viene de un individuo y no de una entidad de recuperación.

La parte técnica del caso es la que va a ocupar a los abogados durante los próximos meses. La línea entre derivado financiero y apuesta es jurídicamente delgada, y la CFTC ha sostenido que los event contracts caen bajo su jurisdicción exclusiva como instrumentos financieros, no como juegos de azar. Los estados han objetado esa lectura, y las cortes federales y estatales aún no convergen en una respuesta. El nuevo presidente de la CFTC, Michael Selig, llegó a anunciar en abril que la Comisión litigaría directamente contra los estados que enforcen contra Kalshi, lo que ya ocurrió en Arizona, Connecticut, Illinois, Nueva York y Wisconsin.

El escrito de Roberts también incluye referencias a literatura científica sobre la similitud entre la mecánica de las apps de predicción y la de los casinos digitales, con énfasis en el impacto sobre adolescentes y personas con problemas de juego compulsivo. Esa parte del argumento no es estrictamente regulatoria sino retórica, aunque suele pesar en cortes estatales donde los jueces leen las consideraciones de salud pública con peso comparable al de los argumentos técnicos.

Para los operadores que han mirado con interés a los prediction markets como categoría emergente, el caso de Kentucky aporta otra capa al rompecabezas. La rapidez con que el producto se posicionó como alternativa a las casas de apuestas reguladas, y la integración de Kalshi con plataformas retail estadounidenses como Robinhood y Webull (que no son co-demandados aquí, a diferencia del caso anterior de Kentucky), pasa ahora por filtros estatales que no se resuelven con la licencia federal. La pregunta operativa para cualquier broker o fintech que evalúe sumar event contracts a su oferta es más cruda. Si los demandantes prevalecen bajo estatutos como el 372.020, cada estado replicaría el modelo con su propia ley de recuperación de pérdidas, y la licencia federal que era el atractivo del producto se vuelve insuficiente. En LATAM no existe un equivalente a la CFTC que dé cobertura regional, y cada regulador del continente todavía está decidiendo si los contratos de eventos son derivados, juego o algo que aún no tiene nombre.